Varios jueces y fiscales de Madrid y de Andalucía cobran del PP...

Varios jueces y fiscales de Madrid y de Andalucía cobran del PP y del PSOE

La Junta de Andalucía (PSOE) sufraga un plus de 1.300 euros al mes al presidente del tribunal encargado de investigar a los aforados, la Comunidad de Madrid (PP) paga a jueces y fiscales, pero a través de un tercero: la empresa Indra. Lorenzo del Río, presidente del Tribunal Superior de Andalucía (TSJA), cobra desde diciembre de 2010 el mismo complemento para alquiler de vivienda que reciben los altos cargos de la Junta. La ley que rige las retribuciones de los jueces estipula que solo percibirán las que abona el Ministerio de Justicia pero la Junta de Andalucía dice que este no es un complemento sino una “indemnización” por servicio, denuncia la periodista Alicia Gutiérrez.

En Madrid, el periodista José Antonio Hernández afloró el mismo “bastardeo”: “El Gobierno de la Comunidad de Madrid mantiene desde 2011 un pacto con la firma tecnológica Indra para que esta multinacional pague retribuciones periódicas, establecidas por contrato, a jueces, fiscales, secretarios y funcionarios judiciales a cambio del asesoramiento que estos prestan “en el desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas que permitan agilizar la justicia madrileña”. En total, son 32 los juristas que han intervenido (muchos siguen haciéndolo), entre ellos el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Vieira, en unas tareas de asesoramiento que, de momento, han supuesto a Indra un desembolso cercano a 230.000 euros”.

Son ya muchas las voces que se alzan contra estas “puertas giratorias” judiciales: Rafael Jiménez Asensio (Universidad Pompeu Fabra) sostiene que el trasvase al sector privado “les permite utilizar circuitos privilegiados porque, en definitiva, no son vistos como abogados exclusivamente, sino como personas con un cierto parentesco, como miembros que han sido de la carrera”. Manuel Villoria (Transparencia Internacional) pide equipararnos a Francia, “donde la judicatura está mucho más cerrada. Allí se establece una especie de cuarentena, como sucede aquí en el caso de los políticos o altos cargos, pero en definitiva hay un comité ético que es quien regula las excedencias y cuyo incumplimiento supone un delito. Puede suceder lo que con los inspectores de Hacienda y los abogados del Estado“, añade Villoria, “con altos porcentajes de funcionarios excedentes en empresas privadas“. Y algunos fiscales y magistrados honrados ya toman medidas: “En las Juntas de fiscales“, dice un miembro de la Fiscalía Anticorrupción, “hemos propuesto que quienes se marchen no puedan llevar ni asesorar en ningún asunto vigente en el momento de salir de la fiscalía“. Y toman precauciones: “Hay fiscales que reciben a los abogados. Otros que no reciben a nadie. Yo recibo a todo el mundo, menos a exfiscales y exjueces”, señala otro.

También en la prensa del régimen comienzan a vivirse situaciones de hartazgo ante esta continua mezcla de intereses entre el poder político y judicial, con esa complicidad tan favorable hacia las “puertas giratorias”. El nuevo director del diario “El Mundo”, David Jiménez, en un célebre artículo titulado “No es país para leyes”, subraya que “España ha entrado en una especie de viejo oeste legislativo donde cada cacique local, provincial o regional decide qué leyes son de su suficiente agrado como para molestarse en aplicarlas. La dificultad para dar la vuelta a la creencia de que las leyes no comprometen a todos por igual es que es compartida por los mismos partidos que las proponen, redactan y aprueban. Partido Popular y PSOE llevan tratando de minar la independencia judicial desde antes de que se atribuyera a Alfonso Guerra la frase “Montesquieu ha muerto” (y con él, la idea de que unos poderes deben vigilar a otros)”.

“Produce sonrojo que, como recordaba Manuel Marraco en su crónica en este diario, la votación reprodujera “casi miméticamente la procedencia [política] del nombramiento de los vocales”. ¿Eran jueces o políticos los que votaban? Y en efecto: votaron a favor de Díez-Picazo como sustituto de José Manuel Sieira en el Tribunal Supremo los vocales nombrados a propuesta del PP: Ángeles Carmona, Juan Manuel Fernández, Rafael Fernández Valverde, Fernando Grande-Marlaska, Vicente Guilarte, Nuria Díaz Abad, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán y Wenceslao Olea, así como el presidente, Carlos Lesmes. Y a favor de Sieira, los vocales progresistas María Victoria Cinto, Álvaro Cuesta, Roser Bach, Clara Martínez de Careaga, Concepción Sáez, Pilar Sepúlveda, Rafael Mozo, además de Enrique Lucas, propuesto por el PNV.

“Su constante intromisión nos aleja del ideal del abogado Atticus Finch en Matar a un Ruiseñor, cuando sostiene que la justicia de un verdadero Estado de Derecho “hace a un pobre el igual de un Rockefeller, a un estúpido el igual de un Einstein, y al hombre ignorante, el igual de un director de colegio”. Nuestros políticos siempre han buscado lo contrario: asegurarse un trato privilegiado, haciendo que las carreras de los magistrados dependan de sus decisiones y obligándoles a definirse políticamente para entrar en el juego de los premios y castigos. Si la estrategia no les ha salido bien del todo es porque la magnitud del saqueo de estos años lo hacía imposible y por la dignidad de magistrados dispuestos a sacrificar futuros ascensos por un concepto de la justicia más cercano al de Atticus que al de Mariano Rajoy”, concluye el periodista David Jiménez.

En la misma línea, el periodista Jesús Cacho ve cómo cobra especial relevancia el papel de Emilio de Llera, consejero de Interior y Justicia de la Junta de Andalucía y fiscal en excedencia (34 años de ejercicio en Sevilla, donde ha llegado a ser fiscal decano de la Fiscalía Provincial). “Busque usted un juez en Sevilla que no sea amigo mío, búsquelo a ver si es capaz de encontrarlo”, respuesta del propio Llera a un periodista el pasado 14 de julio. Se cuenta en Sevilla que Llera habría estado enviando supuestos mensajes (tratándose de jueces, todo es siempre “supuesto”) a sus amigos los magistrados de la Audiencia, a fin de evitar que la confirmación de la imputación de los de IDEA fuera notificada antes de la investidura de Susana Díaz. En situación especialmente comprometida podría hallarse el magistrado Javier González, presidente de la Sección, cuya relación de amistad con De Llera es de sobra conocida”.

“Así están las cosas en la Justicia española. Politizada hasta la náusea, como el viernes puso de manifiesto la publicación de un escrito remitido por la juez Alaya al CGPJ, en el que cuestiona con gran dureza la capacidad de su sucesora en el Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla -ese almacén nuclear donde se apilan los ERE, los cursos de formación y los avales a empresas-, María Núñez Bolaños, para asumir con “seriedad” y “rigor” esas grandes causas. Tras afirmar que “la nueva titular me genera una gran inquietud” por “sus escasos conocimientos de la jurisdicción penal”, Alaya lanza la bomba: “Me inquieta que la señora Núñez Bolaños mantenga una estrecha amistad con el consejero de Justicia, don Emilio de Llera”.

“El escándalo de los ERE andaluces vuelve a poner de manifiesto el error que para muchos supuso la cesión a las CC. AA. de las competencias de Justicia y de nuevo remite a la necesidad de devolverlas al Estado, vía reforma constitucional, si queremos de verdad recuperar calidad democrática y eficiencia económica. Fue Eduardo Torres-Dulce, entonces Fiscal General del Estado, quien en 2012 dio la voz de alarma sobre el error en cuestión, abogando por devolver las competencias traspasadas al Estado si ello fuera posible: “Un Estado en el que no hay un núcleo importante en Justicia, Sanidad y Educación, difícilmente podrá funcionar”, advirtió. En parecidos términos se había manifestado la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. No deja de resultar significativo, por eso, que uno de los que con más vigor se opuso entonces al debate suscitado por Torres-Dulce fuera precisamente el consejero de Justicia andaluz, Emilio de Llera, al calificar de “proceso irreversible” la transferencia de competencias a las CC. AA. en materias tales como Educación, Sanidad o Justicia” concluye Jesús Cacho.

Fuente: http://espiaenelcongreso.com/2015/08/04/pp-y-psoe-pagan-a-jueces-en-madrid-y-andalucia/#more-21249