¿Qué está pasando en Venezuela?

¿Qué está pasando en Venezuela?

Los partidos que integran la oposición venezolana, dominada por la derecha, ganó la mayoría de la Asamblea Nacional (AN) en diciembre de 2015, en unas elecciones desarrolladas con normalidad y cuyos resultados fueron reconocidos inmediatamente por el presidente de la República, Nicolás Maduro.

Desde la toma de posesión de los nuevos diputados el 5/1/2016, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, advirtió que “sacarían al presidente Nicolás Maduro en seis meses”, planteando esto como el principal objetivo de la oposición en su gestión al frente del Parlamento y reconociendo, sin embargo, que no había acuerdo en el seno opositor sobre qué ruta seguir:

Forzar la renuncia del Presidente/ presión social en la calle/ violencia.
Promover enjuiciamiento.
Declarar su incapacidad mental.
Anular las elecciones presidenciales por ser supuestamente colombiano.
Promover enmienda y/o reforma constitucional para acortarle el periodo.
Convocar Constituyente.
Realizar Referendo revocatorio.

Sin descartar realmente ninguna de las opciones, apenas a finales de abril de 2016, la oposición venezolana decide iniciar los procedimientos para solicitar un Referéndum Revocatorio.

Al comenzar a activar el mecanismo en abril y no en enero, que era cuando se cumplía la mitad del periodo constitucional presidencial, resultaba ya imposible que el referéndum se pudiese realizar en el 2016, debido a que la normativa que regula su activación y convocatoria (que data de 2007), establece procedimientos y lapsos que duran más 260 días.
Hacer este referendo en 2017 implica que de resultar revocado el presidente Maduro, su Vicepresidente Ejecutivo es quien completa el periodo constitucional para el que fue electo.

En estos meses, la mayoría opositora en la Asamblea Nacional ha desarrollado acciones dirigidas a obstaculizar la gestión de Gobierno y confrontar las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (como garante del equilibrio de Poderes y del Estado de derecho). Por mantenerse en desacato, el Tribunal decidió anular todos los actos de la AN, hasta tanto no se ajuste a derecho y respete la Constitución.

A pesar de todo, el presidente Nicolás Maduro siempre ha convocado a la oposición a un diálogo nacional para resolver política y pacíficamente las diferencias.

Para estos diálogos pidió la facilitación de la UNASUR con participación de los ex presidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leonel Fernández.
La oposición exigió como condición la incorporación del Vaticano, lo cual fue asumido de inmediato por el presidente Maduro.
Los intentos de diálogo continúan, aunque se han visto frenados por las contradicciones internas de la oposición.

Para convocar el Referéndum, la derecha tenía que recoger en primer lugar, el 1% de las firmas del registro electoral, con el objetivo de legitimar las organizaciones políticas promotoras del mismo. Al lograr este paso, tenían que recoger el 20% de las firmas del registro, según lo que establece la Constitución venezolana.

La derecha debía recoger sólo 195.000 firmas para cumplir el requisito del 1%, sin embargo, consignó al Consejo Nacional Electoral 1.957.779 firmas. En la auditoría de las firmas, realizada con testigos de la oposición y del PSUV, se detectaron 605.727 firmas fraudulentas, entre las que se encuentran:

10.995 personas fallecidas.
53.658 personas que no están inscritas en el Registro Electoral.
3.003 menores de 18 años.
1.335 personas inhabilitadas por delitos graves (homicidios, narcotráfico, robo, estafa, abuso sexual).
Más de 9 mil denuncias fueron presentadas por usurpación de identidad en todos los estados del país

A pesar de que el CNE encontró estas irregularidades, admitidas por la comisión que nombró la oposición para la revisión de las firmas, continuó con el procedimiento establecido, tomando en cuenta las firmas válidas. Así se convocó para los días 26, 27 y 28 de octubre, el proceso de recolección del 20% de las firmas, haciendo la salvedad de que los registros fraudulentos estaban siendo sometidos a una investigación judicial.

El jueves 20 de octubre, siete tribunales nacionales de distintos estados de Venezuela, basados en denuncias de ciudadanos afectados, dictaron medidas precautelares, ordenando al CNE que pospusiera todos los procedimientos que se generaron como consecuencia de la recolección del 1% de las firmas, tras la admisión de querellas penales por los delitos de falsa atestación ante funcionario público, aprovechamiento de acto falso y suministros de datos falsos al Poder Electoral.
En cumplimiento de estas órdenes judiciales, el CNE suspendió la recolección del 20% de las firmas.
La oposición reaccionó acusando al Gobierno del presidente Maduro de haber dado un “Golpe de Estado”, eludiendo la responsabilidad de su dirigencia en el fraude cometido y su pretensión de dejarlo impune.

El domingo 23 de octubre la Asamblea Nacional sesionó de forma extraordinaria, iniciando un “Golpe Parlamentario”, al acordar los siguientes puntos:

Declarar que el Presidente Nicolás Maduro dio un Golpe de Estado y quebró el orden constitucional.
Solicitar a todos los organismos internacionales la aplicación de sanciones contra Venezuela.
Denunciar en la Corte Penal Internacional a las rectoras del CNE y jueces que han suspendido el proceso revocatorio.
Destituir a los rectores del CNE y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
Estudiar de nuevo la supuesta doble nacionalidad del presidente Maduro, a fin de destituirlo.
Decidir sobre el supuesto abandono del cargo por parte del presidente Maduro, al irse de gira de trabajo sin solicitar permiso a la AN, a fin de destituirlo.

Cuestiones a considerar:
¿Quién dio el Golpe a quién?
¿La derecha cometió fraude en la recolección del 1% de las firmas y el responsable es el Gobierno?
¿Busca la derecha promover/justificar una intervención extranjera a gran escala con la excusa de la suspensión del revocatorio y de una supuesta crisis humanitaria?
¿Puede situarse el Parlamento como un supra poder por encima de los demás poderes públicos de la nación? ¿Un parlamento en desacato judicial puede destituir a rectores electorales o magistrados del máximo tribunal del país?
¿No es acaso un Golpe de Estado que el Parlamento pretenda desconocer todas las autoridades y las decisiones de los demás Poderes Públicos, además de buscar su destitución por vías no constitucionales?
La Cancillería de Colombia envió una nota oficial, el 8/6/2016, al Presidente de la AN informándole que en ninguna agencia de su gobierno había registros que acrediten que el presidente Nicolás Maduro tenga nacionalidad colombiana. ¿No es acaso un intento de Golpe de Estado pretender la destitución de un Presidente con tres años en ejercicio, acusándolo de ser nacional del país que lo había negado oficialmente?
Según el artículo 235 de la Constitución, el Presidente puede permanecer fuera del territorio nacional hasta 5 días, sin permiso de la AN. Mientras se daba la sesión en el Parlamento, el presidente Maduro estaba en una gira por países OPEP y no OPEP, iniciada el 20/10/2016, concertando un acuerdo para estabilizar los precios internacionales del petróleo, base fundamental de la economía venezolana. ¿No es acaso una acción golpista buscar la destitución de un Presidente por abandono de cargo, cuando es público y notorio que está en pleno ejercicio de sus funciones como Jefe de Estado y no ha violentado ninguna normativa sobre su permanencia en el exterior?
El pueblo en la calle defenderá su Constitución, su Revolución y su Presidente legítimo.