Aborto en Navarra: ¿ha llegado el cambio?

Aborto en Navarra: ¿ha llegado el cambio?

Begoña Zabala.- Se ha aprobado ya el Decreto Foral que regula las prestaciones sanitarias en materia de salud sexual y reproductiva1. La entrada en vigor va por partes, o por tiempos, y se prevé grosso modo que en un año estén instaurados y cubiertos todos los Centros de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva y todas las prestaciones sanitarias se estén atendiendo con normalidad en los centros públicos de Osasunbidea-Servicio Navarro de Salud.

Su aprobación se ha acogido con aplausos, pues hay que decir que Navarra había sufrido un retroceso muy grave en materia de salud sexual y reproductiva, desde que por parte de la derecha se iniciase un ataque persistente de desmantelamiento de los Centros de Orientación Familiar y Educación Sexual (COFES). En la red pública, por presión de los que niegan el derecho a decidir y demás grupos ultracatólicos, no se realizaba ninguna Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Hasta hace cuatro años tampoco había ningún centro privado que realizase las intervenciones, ni siquiera la expedición de la píldora para una IVE farmacológica. Muchos catolicones estaban contentos: pensaban que Navarra estaba bendecida por Monseñor Escrivá y por eso no permitía que en su tierra santa se practicaran abortos. Eso sí, las mujeres navarras y sus largos viajes y peripecias se la traían al pairo.

Al tiempo ha ido desapareciendo toda la red de Educación sexual, ya sea en la Enseñanza reglada, en la de personas adultas, en la juventud, o en cualquier espacio. Otros temas como la reproducción humana asistida, estaba débilmente atendida por Osasunbidea. Esta debilidad, en parte, ha podido deberse a que gran parte del personal sanitario de ginecología del Hospital de Navarra –entre otras personas destaca el Jefe del Servicio, dimitido hace dos meses- compatibilizan su ejercicio en la pública, con las clínicas privadas que prestan estos servicios, especialmente los más complejos y los más caros.

Llega el Gobierno del Cambio

El cuatripartito (Geroa-Bai, EH-Bildu, Podemos-AhalDugu e I-E) desde el primer momento asumió e incluyó en su programa una política de cambio importante en materia de prestaciones sanitarias en salud sexual y reproductiva. Obviamente en el ámbito de sus competencias, que es fundamentalmente en temas de Cartera de Servicios, estructura sanitaria, regulación interna de las prestaciones, coordinación de Departamento para temas de Educación… Es decir, se trata de aplicar lo dispuesto en la Ley estatal sobre derechos sexuales reproductivos, y en especial, las prácticas de la intervenciones y actuaciones previstas desde el ámbito público de los centros de salud y desde los servicios públicos.

En Navarra se contaba ya desde abril de 2013 –con el anterior Gobierno de UPN, mayoría de la oposición en el Parlamento Foral- con un completo informe de la Cámara de Comptos denominado “Coste de la interrupción voluntaria del embarazo en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea”2. En síntesis, este estudio, tras analizar los costes de las IVEs que se vienen realizando en la clínica privada, concluye que se está sobrepagando esta derivación a la privada, pues en la salud pública se cuenta con medios suficientes, e infraestructura como para acometerlo, y en mejores condiciones. Descubre, además, para escándalo de biempensantes, que solo existe una persona que se ha acogido a la objeción de conciencia. Recomienda, por tanto, la asunción de todas las intervenciones en los centros públicos. E incide en los datos y estadísticas, señalando que se debería abordar una buena política de prevención de embarazos no deseados en los sectores más afectados –inmigrantes y chicas jóvenes- para descender de forma importante en el número de intervenciones, si bien ésta aparece entre las más bajas del Estado.

Este panorama, unido a un clima de movilización importante, auspiciado por la Asamblea por el derecho al aborto de Navarra, que ha liderado en la Comunidad la potente campaña contra el proyecto de ley de Gallardón para repenalizar el derecho al aborto, ha supuesto que los grupos del Gobierno hayan puesto en primera línea de cambio los derechos sexuales y reproductivos. Y ha cristalizado, finalmente, en el Decreto señalado.

Un camino empedrado

Realmente ha pasado tiempo, y ha sido un poco tortuoso el camino seguido para la aprobación de este Decreto Foral. Desde que apareció el proyecto en la página del Gobierno de Navarra para hacer aportaciones, a primeros de noviembre de 2015, hasta su publicación el 24 de noviembre, ha pasado más de un año. En ese tiempo se han realizado aportaciones públicas a través de la página en dos ocasiones. Ha habido comparecencias parlamentarias de colectivos y personas varias, entre otras, la de la Asamblea por el derecho el aborto, profesionales de la salud, personal directivo de Osasunbidea. Informes jurídicos y médicos que no conocemos han atravesado los Departamentos. Y, por supuesto, los grupos de presión y las personas que presionan, han pasilleado todo lo que han podido y les han dejado. Y los medios de comunicación han escenificado, en formas diversas, el duro combate entre la derecha rancia y católico-opusiana, que niega el derecho a decidir de las mujeres en materia de salud sexual reproductiva, y la mayoría social que es partidaria de la aplicación de la ley sin ambigüedades ni obstáculos, con la máxima garantía sanitaria y social para las mujeres.

Así, el Gobierno, para aprobar este Decreto se tenía que enfrentar, en síntesis, y por señalar tres ejes vertebradores, a tres capítulos importantes y difíciles de sortear, pues están incrustados en el poder administrativo, social y económico de esta Comunidad. La creciente degradación, a la vez que privatización, de la red pública sanitaria, fruto de las políticas de UPN, apoyadas por PSN. La estructura y el organigrama de Osasunbidea, incluyendo cientos de puestos directivos de casta médica y sanitaria, que mediatiza en gran medida el quehacer diario en este gran aparato sanitario. La presión de los grupúsculos de derecha que incluyen, además de los intereses de los dos grupos señalados, la ideología carca tradicionalista y conservadora, que ha apadrinado durante años a los fetos bautizándolos con el nombre de Ferminico, y que tienen como sede operativa importante la Universidad del Opus Dei y los colegios y residencia de la misma orden.

Después de todo el proceso de negociación, enfrentamiento, cesión, chantajes, amenazas, e incluso procesiones y rezos varios, se ha llegado a la situación actual: tenemos el Decreto de aplicación de las prestaciones en salud sexual y reproductiva y han quedado por el camino algunas dimisiones, voluntarias o presionadas, y algún nuevo nombramiento. El Gobierno ha cumplido, pero ¿era esto el cambio o se han dejado muchos pelos en la gatera? Hay que decir que el Decreto es en sí mismo un avance pues ordena la maraña del aparato sanitario para cubrir todas las prestaciones en salud sexual y reproductiva. También explicita de forma clara la cartera de servicios y les asigna espacio de atención claro e inequívoco en la red pública.

Contenido concreto: el camino a recorrer

La situación de la que se parte en Navarra, en lo que respecta a las IVEs, hay que decir que responde a la media del Estado Español. Se realizan las intervenciones en la asistencia médica privada totalmente, (en la media estatal muy mayoritariamente), y el porcentaje de éstas por 100.000 mujeres está por debajo de la media3. Así que el reto está en la reversión de las intervenciones a los centros públicos. Se contempla así la intervención de la IVE farmacológica en los Centros de Atención específicos como atención sanitaria normalizada. Se declara igualmente como de atención normalizada en los centros públicos la IVE instrumental por causa médica. De la IVE instrumental a petición de la mujeres, en las primera catorce semanas, se dice que se garantizará la posibilidad de realizarla con medios propios. Si esto es así, sólo es cuestión de un completo protocolo y una buena atención y orientación para que las prestaciones señaladas, es decir todos los supuestos de IVE contemplado en la legislación estatal, se lleven a la práctica en los centros públicos. Debe volverse a señalar que el Decreto no ha entrado en vigor totalmente, y habrá que esperar períodos de entre tres meses y un año, para su aplicación total, en todos los centros de la geografía navarra.

Esto, con ser lo más llamativo y lo que a veces nos hace focalizar las luchas, no es lo más importante en todo el elenco de derechos sexuales y reproductivos. Un tema relevante en este campo es la estructuración de la atención en centros propios y especializados, que contengan elementos de atención, prevención y educación, y que atiendan a todas las personas, al estilo de los antiguos COFES. Y en esto, como se ha señalado, Navarra está en los últimos puestos, pues los Centros de Atención a la Mujer, que fueron los sustitutos, no cubren las necesidades reales.

Vista esta necesidad la reforma pilota la nueva estructuración en los Centros de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva (CASSR), señalando que “los nuevos centros estarán abiertos a ambos sexos y prestarán una atención integral, multidisciplinar, y normalizada a la salud sexual y reproductiva. Estos centros brindarán una completa cartera de servicios de educación y de atención, incluidas determinadas técnicas de interrupción voluntaria del embarazo”. La demanda unánime de competencia educativa, y para los dos sexos y una atención integral sería el marco funcional de estos nuevos centros.

Y en el apartado educativo reglado, y citando a la ley estatal, dice que “encomienda a los Departamentos de Educación y de Salud el desarrollo colaborativo de programas escolares orientado a la coeducación, la educación en valores y la educación afectivo-sexual, para promover una vida sexual afectiva y sana, positiva, libre y responsable para evitar actitudes desajustadas, machistas y discriminatorias. Una educación que haga hincapié en el bienestar, la libertad y la diversidad, y que promueva un desarrollo armónico de las sexualidades para todos los colectivos y en todas las etapas de la vida y su desarrollo en términos de igualdad y corresponsabilidad entre hombres y mujeres desde el conocimiento, el respecto y la convivencia.” En esto no nos vamos a engañar: encomendar desarrollos colaborativos a los Departamentos es una declaración de intenciones que en estos momentos queda un poco lejos de la obligación concreta y de la tarea asumida. No está el medio ambiente educativo como para echar cohetes con las insuficientes líneas de euskera, el conflicto de las líneas de inglés, la impugnación de la OPE de Primaria, la incertidumbre de la OPE Secundaria, la precarización del abultado -en número- profesorado temporal. Lo único interesante quizá, que se ha escrito sobre ello y se ve su necesidad.

La reproducción humana asistida, que tiene un espacio importante de atención en los centros públicos, está también en el foco de atención, ya que los intereses económicos y médicos hacían de los centros privados el referente principal para los casos “no normalizados”. O sea, se atienden en los centros públicos los casos de esterilidad funcional para tener descendencia, mirando a la pareja heterosexual, y en condiciones físicas determinadas, que no supongan un obstáculo para la finalización con éxito del tratamiento. Esto ha venido excluyendo de la atención pública a mujeres solas, a mujeres con parejas del mismo sexo, a mujeres que durante el tratamiento se han separado, a mujeres mayores de una determinada edad, a mujeres, o sus parejas, con alguna enfermedad transmisible,…. y un etcétera que dependía del personal de turno y que ha sido objeto por lo menos de tres recomendaciones del Defensor del Pueblo, para que accedan al tratamiento. Hay que volver a señalar, que personal médico que presta sus servicios en Osasunbidea, algunos en puestos de Jefatura, ocupan plaza y puesto en dos de los centros privados de reproducción asistida de más renombre en la localidad sin que parezca que es de aplicación incompatibilidad alguna.

Por ello, lo que se regula es un claro avance, ya que todas las mujeres, cualquiera que sea su situación de emparejamiento, pueden acceder a las prestaciones. Quedan excepciones en algunos supuestos de dificultad tecnológica o complejidad sanitaria para su derivación a clínicas privadas. No podemos ahora calcular el alcance y el impacto de estos casos.

En conclusión, sí que se puede decir que el Gobierno ha aceptado, -un poco tarde, es cierto- el reto de asumir la salud sexual y reproductiva como una tarea propia de su ámbito de Salud y Educación. Ahora hay que comprobar que en la práctica esta reestructuración, más allá de alguna dimisión y varios nombramientos, sirve para las tareas y funciones que se le encomiendan. ¿Se conformarán las clínicas privadas en su afán de codicia? ¿Cederá el gobierno ante las pretensiones de éstas y de los grupos de presión locales? Las mujeres, desde los grupos feministas y desde la Asamblea por el derecho al aborto de Navarra, están siguiendo muy de cerca el desarrollo de esta normativa. Ahora toca acceder a toda la información posible para comprobar que se está cumpliendo lo regulado. Ha llegado el momento de la transparencia y la participación. Y ya de paso, que se vayan aplicando las incompatibilidades al cien por cien a todo el personal funcionario.